Convoca.pe construyó una base de datos con registros oficiales de la Contraloría —de los últimos cuatro años— y de Infogob, la cual revela que 130 funcionarios sancionados por el órgano de control militan en partidos o agrupaciones políticas, a nivel nacional. El 96% de estos últimos postularon a ocupar cargos de elección popular en comicios anteriores. A continuación, la primera entrega de la investigación de este medio digital como parte de la cobertura de las elecciones municipales y regionales del año en curso.

Se estima que en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo participarán más de 100 mil candidatos para ocupar diferentes cargos en esas instancias de gobierno. Para una mejor selección en sus listas, las organizaciones políticas pueden revisar los antecedentes de los postulantes en una plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocida como “ventanilla única”, que cuenta con información del Poder Judicial (sentencias, deudores judiciales) de los ministerios del Interior (órdenes de captura) y de Justicia (abogados con mala práctica profesional), de la Sunat (deudas tributarias), de Registros Públicos (propiedades), así como de las municipalidades provinciales y distritales (deudas por arbitrios, multas, etc.).

Sin embargo, en esa plataforma del JNE no está incluido el registro de la Contraloría con la relación de funcionarios sancionados y comprendidos en procesos administrativos por actos de inconducta funcional y corrupción, de entidades públicas a nivel nacional. Las sanciones del órgano de control pueden variar desde la suspensión por tres meses hasta la inhabilitación para ejercer la función pública durante cinco años.

Con la finalidad de contribuir a la elección de autoridades con trayectoria intachable y solvencia moral, Convoca.pe construyó una base de datos con información oficial de la Contraloría e Infogob, el espacio virtual del JNE con datos político-electorales desde 1931.

Al cruzar ambos registros, uno de los principales hallazgos fue que de los sancionados en los últimos cuatro años por el órgano de control, 244 funcionarios tienen o tuvieron relación con organizaciones políticas a nivel nacional y, de estos, 130 están inscritos como militantes.

Entre ellos, figuran 31 funcionarios inscritos en el Partido Aprista (Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 del Partido Nacionalista y 13 de Alianza para el Progreso (APP).

Entre los funcionarios con sanciones, hay 31 que figuran con militancia vigente en el Partido Aprista (Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 en el Partido Nacionalista y 13 en Alianza para el Progreso (APP).

Otro dato relevante es que de los funcionarios con militancia política que fueron sancionados administrativamente, 125 participaron como candidatos en anteriores elecciones regionales y locales, incluso postularon a curules en el Parlamento.Es decir, que al parecer les interesa ocupar puestos públicos de elección popular.

Entre los cargos a los que más postularon estos funcionarios con sanciones están los de alcalde (distrital y provincial), regidor (distrital y provincial), gobernador regional, consejero regional, así como congresista. Cabe anotar que las sanciones administrativas no les impiden volver a tentar algún puesto en esas instancias de gobierno.

Además, Convoca.pe halló que seis autoridades que cumplen funciones en la actualidad fueron sancionadas por cometer infracciones administrativas consideradas graves y muy graves, las cuales causaron perjuicio al Estado; entre ellos, el teniente alcalde de San Miguel (Lima), Juan Carlos Takahesu, y el alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, Omar Flores Yaros.

Durante los hechos, Takahesu era gerente de Servicio a la Ciudad y Medio Ambiente de San Miguel, en tanto que Flores Yaros se desempeñaba como director de Abastecimiento del gobierno regional de Ayacucho. Estos casos serán desarrollados en otro reportaje.

Favor para terceros

De las 2670 infracciones en total, cometidas por funcionarios de diferentes entidades públicas desde 2015, más del 33% fueron actos contra el deber de neutralidad al actuar de forma parcializada en perjuicio del Estado, en los contratos de licitaciones, concursos, subastas, entre otros procedimientos, en beneficio ilegal propio o de terceros.

Un 12.9% de sanciones corresponde a infracciones contra el deber de responsabilidad debido al incumplimiento, negativa o demora —de forma injustificada e intencional— del ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa.

En tanto, un 10.9% de infracciones son por faltas muy graves atribuidas al funcionario por causar perjuicio económico, afectar al servicio público o a la salud pública, al incumplir disposiciones legales que regulan expresamente sus funciones.

Seis autoridades que cumplen funciones en la actualidad fueron sancionadas por cometer infracciones administrativas consideradas graves y muy graves, las cuales causaron perjuicio al Estado.

Según la Contraloría, en la primera instancia del proceso administrativo el Órgano Instructor presenta las infracciones y sanciones que el Órgano Sancionador puede imponer o desestimar. La segunda y última instancia es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que resuelve en las apelaciones presentadas por los funcionarios y servidores públicos.

La entidad precisó a Convoca.pe que estas sanciones por responsabilidades administrativas son independientes de las responsabilidades penales (delitos) o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios por los mismos hechos.

Más de 2 mil inhabilitaciones

Según los datos del “Registro de sancionados con sanción vigente” de la Contraloría —a los que accedió este medio digital—, en los últimos cuatro años son 1735 funcionarios los que registran 2602 inhabilitaciones (de hasta cinco años) y 68 suspensiones temporales, por cometer irregularidades “graves” o “muy graves”, entre 2015 y marzo de 2018.

Consultados al respecto, el órgano de control precisó que las sanciones que considera para dicho periodo pueden hacer referencia a casos de años anteriores, pero que para su registro se indican las fechas de las resoluciones en el periodo de análisis.

Entidades con más infractores

El órgano de control impuso sanciones a funcionarios de 358 entidades públicas en total, entre gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, superintendencias y otros.

La institución pública con mayor número de sancionados por el órgano de control es la municipalidad provincial de Cajamarca, pues tiene 34 funcionarios infractores. Le siguen los gobiernos regionales de Cajamarca (24), Loreto (21), Huánuco (20), Madre de Dios 20, La Libertad (19) y Huancavelica (19).

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios sancionados son Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad (111) y Junín (98).

Los niveles de gobierno en los que se encontró mayor cantidad de funcionarios con sanciones son las municipalidades distritales y provinciales con más de 900 sancionados, los gobiernos regionales con 417, y las entidades del gobierno central con más de 300 casos.

Las zonas del país que concentran el mayor número de funcionarios sancionados son Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad (111) y Junín (98).

De acuerdo con la Contraloría, entre los funcionarios más sancionados se encuentran Raúl Pineda Rodríguez (gobierno regional de Loreto), Víctor Obregón Espinoza (municipalidad distrital de Chavín de Huántar, Áncash) y Guilmer Córdova Paker (gobierno regional de Tumbes), quienes registran ocho sanciones impuestas en su contra.

Con seis sanciones figuran Manuel Antonio Yarlequé (gobierno regional de Loreto), Manuel Saavedra Guzmán (gobierno regional de Tumbes), Marcela Fernández Dávila y César Inga Ballón (Editora Perú S.A.).

Con la vigente Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, este órgano podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales, alcaldes y regidores, en caso de detectar irregularidades en su gestión. En esta norma se eliminó la exclusión de la responsabilidad administrativa de autoridades electas y, desde 2019, podrán ser procesados administrativamente como cualquier otro funcionario.

Esta ley indica que solo quedarán excluidos de ser sancionados por la Contraloría las autoridades con prerrogativa de antejuicio político, como el presidente de la República, los ministros, congresistas; y los titulares de órganos constitucionalmente autónomos, es decir los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, Fiscalía Suprema y otros. Estos altos funcionarios solo pueden ser acusados por el Congreso, en relación a actos cometidos durante su gestión, hasta cinco años después de haber dejado el cargo.